10 Noviembre 2021, 15:55
Actualizado 10 Noviembre 2021, 16:50

El Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio regula la asistencia sanitaria a las personas extranjeras residentes en España, también a aquellas en situación irregular. 

Como confirma la propia administración regional, en los centros de salud deben tener a disposición de la ciudadanía el modelo de solicitud de la tarjeta sanitaria junto con la información sobre la documentación requerida para recibir ese derecho asistencial. Una vez relleno y adjuntada la documentación necesaria, las personas interesadas deben entregarla en sus centros para que estos deriven cada expediente a la unidad de tramitación de cada área de salud.

Entidades especializadas en acompañamientos sanitarios con personas migrantes  en la región nos confirman que las solicitudes solo deben ir acompañadas de  una copia del padrón y otra del pasaporte compulsado.  Sin embargo, las experiencias que trasladan a este medio desde el Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura reflejan una realidad diferente, tanto sobre el tipo de documentos que se les solicita a las personas migrantes (como el número de la tarjeta de crédito), como por la negativa a recoger la solicitud.

Marjorit Guevara forma parte de este movimiento: "Hemos recibido denuncias de mujeres migrantes en situación irregular que van a centros de salud y en lugar de atender su derecho regulado por ley, son sometidas a un interrogatorio y enviadas a la policía".

Las mujeres afectadas por esta situación reflexionan sobre lo peligroso que es ir a la policía cuando se reside en España en situación irregular a lo que Marjorit Guevara añade "lo perverso que es criminalizar y desinformar a la solicitantes de la tarjeta sanitaria cuando se encuentran en situaciones delicadas de salud y especial vulnerabilidad. Es déspota, demandamos que las autoridades revisen esta situación para que cambie".

Varias mujeres del mencionado movimiento comparten sus experiencias con este medio. Proceden de Nicaragua, Colombia, Honduras, países con convenios establecidos con España para tener acceso a la atención sanitaria aun en situación irregular. Sus vivencias se ubican en la gerencia de salud de Cáceres, en los centros de salud Plaza de Argel y  Manuel Encinas, ambos en Cáceres, o en el Urbano II y el Urbano III de Mérida. 
 

Conocemos la historia de quien (reserva  su identidad) que al ir al renovar su tarjeta sanitaria y la de sus hijos al centro de Salud Zona Sur Urbano III de Mérida  recibió la indicación de que debía recibir la autorización de la policía: "La policía no tiene nada que ver con el derecho a la salud, lo único que puede hacer es deportarnos...y nosotros hemos venido aquí a trabajar y a buscarnos la vida.  Me sentí mal por el trato recibido y porque necesitaba llevar a mi hijo al médico y no fue posible. No soy la única que he recibido esta mala información y trato".


También nos traslada su vivencia otra mujer residente en Extremadura (reserva su identidad) a la que le solicitaron justificar sus recursos, la cuenta bancaria y a la que comunicaron, según traslada ,que la someterían a una investigación antes de facilitarle la tarjeta sanitaria: "Yo en Madrid tenía médico de cabecera, en Cáceres aun no lo he conseguido".

La tercera experiencia a la que tenemos acceso, cuya protagonista también reserva su identidad, es la de una mujer operada de urgencia en dos ocasiones a la que en el Hospital de Mérida a la que le indicaron que podía acudir a su centro de salud a que le retiraran los puntos. En ambos casos tuvo problema para ello: "Estaba operada hacia 8 días, me sentía muy débil y un señor muy grosero en vez de hablarme me escribió en un papel que puso en el vidrio, que no podían atenderme, como si yo no le entendiera el idioma. Me sentí muy  angustiada y me puse a llorar. Al final busqué la fórmula para que me quitaran los puntos en una clínica privada".

Preguntada por ello, la Junta de Extremadura confirma que el tramite para la solicitud de la tarjeta sanitaria  es exactamente el que están llevando a cabo las mujeres consultadas .La administración señala que por norma general se atienden todas las solicitudes y que no puede generalizarse. Añade que habría que estudiar cada caso. Defiende que no es un asunto que pueda generalizarse.