Este mes ha entrado en vigor la reforma que prohíbe la incapacitación judicial en nuestro país. Hasta ahora muchos extremeños con discapacidad tenían que ser tutelados jurídicamente por una segunda persona. Ya no va a ser así, podrán actuar de manera independiente. Autonomía, en definitiva, para actos jurídicos tan comunes como la compra y la venta de una vivienda o un testamento.
Un gran avance para el colectivo en el que emerge como clave la figura del notario, que evalúa caso a caso. Lo explica Ignacio Ferrer, decano del Colegio Notarial de Extremadura. "El notario tiene que juzgar qué grado de discapacidad tiene esa persona y si ese apoyo es suficiente". Añade que si se entiende que la discapacidad le impide tomar una decisión por si mismo, entonces "debe intervenir la autoridad judicial.
De haber una segunda persona, explica, será solo de apoyo para lo necesario "sin limitar en ningún momento su capacidad de decidir".
"ANTES NOS SENTÍAMOS FRUSTRADOS"
En la localidad pacense de Montijo hablamos de esta reforma con Maribel Cáceres, tiene discapacidad intelectual. Ella ha visto cómo este mes se daba un paso de gigante en sus derechos. Hasta ahora para los actos jurídicos necesitaba de un tutor legal que sustituía su toma de decisiones. "Antes nos sentíamos frustrados", se lamenta.
Con la nueva reforma esa tutela ha desaparecido y han pasado a tener plena capacidad jurídica. "Nosotros somos los que decidimos qué queremos, cómo queremos que nos apoyen y donde serán esos apoyos".
Desde el Tercer Sector aplauden la reforma. Pedro Calderón, vicepresidente de Derechos sociales de CERMI Extremadura lo resume así "recuperan su capacidad de decidir".
