UGT Servicios Públicos Extremadura ha denunciado el cierre de la Escuela Hogar de Alburquerque y ha mostrado su preocupación por el futuro de la Residencia de Estudiantes de Hervás, al considerar que la denominada «suspensión temporal de la actividad» podría desembocar en la desaparición definitiva de ambos recursos educativos. El sindicato ha alertado además de las consecuencias laborales derivadas de estas decisiones y ha reclamado explicaciones a la Consejería de Educación y Formación Profesional.

La organización sindical cuestiona el argumento de la falta de demanda utilizado por la Administración educativa. UGT recuerda que en mayo de 2026 se ofertaron plazas en ambos centros y sostiene que algunas familias interesadas habrían sido derivadas a otros recursos dependientes de la propia consejería. Por ello, solicita conocer los criterios aplicados para justificar la suspensión de la actividad y las alternativas estudiadas antes de adoptar una decisión que afecta tanto a los servicios educativos como a sus plantillas.

La Junta defiende la medida

Frente a estas críticas, la Consejería de Educación y Formación Profesional ha asegurado que actualmente no hay alumnos matriculados ni en la Escuela Hogar de Alburquerque ni en la Residencia de Estudiantes de Hervás, por lo que considera inviable mantener la actividad de ambos centros.

En este sentido, desde la consejería han señalado a Canal Extremadura, que «no hay alumnos matriculados ni en la escuela hogar de Alburquerque ni en la residencia de estudiantes de Hervás. Mientras no haya alumnos matriculados la actividad no puede seguir. Hay que gestionar con responsabilidad los recursos de los extremeños».

Diferente situación laboral en cada centro

La Administración autonómica ha precisado además que la situación de ambos recursos es distinta. En el caso de la Escuela Hogar de Alburquerque, se ha procedido a la reubicación de los trabajadores fijos y a la amortización de los puestos temporales. Por su parte, en la Residencia de Estudiantes de Hervás se ha reubicado a toda la plantilla, mientras que las dos plazas amortizadas corresponden a una jubilación y a una incapacidad permanente.

Asimismo, la consejería sostiene que durante todo el proceso se han respetado los derechos de los trabajadores y se han tenido en cuenta sus preferencias. También recuerda que ambos centros habían registrado una escasa matriculación durante los últimos años, circunstancia que, a su juicio, justifica la suspensión de la actividad.