El anuncio de un recorte en el fondo de cooperación y en las subvenciones a los sindicatos, dentro de los presupuestos presentados y registrados para el año 2026, ha provocado la primera gran reacción. Mientras la Junta sostiene que la reducción es “absolutamente legal”, UGT advierte de que, si se materializa, lo llevará a los tribunales.

UGT: “Es un ataque a los trabajadores”

La secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha sido contundente: “No es un ataque a los sindicatos, es un ataque a los trabajadores y trabajadoras”. Patro denuncia que el recorte pretende mermar la capacidad de negociación colectiva y la acción sindical, y recuerda que el papel de los sindicatos está protegido por la Constitución: “Nuestro papel está recogido en el artículo 7 de la Constitución Española y en la Ley de Participación Institucional de Extremadura, que también fija nuestra financiación”.

La dirigente sindical ha subrayado que UGT cuenta con más del 38% de representatividad, frente a grupos parlamentarios “que tienen un 17%”, y ha advertido: “Si esto se confirma y no hay rectificación, lo pondremos en manos de nuestros servicios jurídicos. No vamos a consentir que se ataque a los trabajadores”.

Además, ha lanzado una crítica directa: “¿Por qué no hay una reducción del 50% en la asignación de los grupos parlamentarios? Debería haberla”.

UGT asegura que presentará enmiendas y tratará de negociar antes de acudir a los tribunales.

La Junta: “Es una medida legal”

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha respondido con tono institucional a las declaraciones del sindicato, y ha explicado que “es una medida absolutamente legal. Entendemos cualquier tipo de manifestación y mostramos el máximo respeto a la opinión de los agentes sociales y a que ejerzan las acciones que estimen oportunas”.

El Ejecutivo insiste en que el ajuste forma parte del nuevo marco presupuestario y que no vulnera la normativa vigente.