El pleno de la Asamblea de Extremadura, primero tras las vacaciones, ha aprobado dos decretos de la Junta que afectan directamente al tejido económico y social de la región. El primero regula el funcionamiento interno de las cámaras de comercio e incorpora medidas de apoyo al comercio ambulante. El segundo abre la puerta a la liberalización de la gestión urbanística con el objetivo de facilitar la construcción de viviendas, en un contexto marcado por la necesidad creciente de vivienda protegida.

Vivienda en Extremadura

La radiografía del mercado inmobiliario extremeño refleja una tendencia clara: hasta junio se vendieron más de 6.000 viviendas, la inmensa mayoría de segunda mano y en zonas urbanas. Es el primer gran contraste del sector, donde el perfil del comprador se ha estrechado: parejas de mediana edad, porque comprar o alquilar en solitario es cada vez más complicado ante la escalada de precios.

Los expertos coinciden en que hace falta vivienda protegida, mucha, y también incentivos que animen a los constructores a levantarla. La Junta busca precisamente ese efecto con el decreto aprobado hoy, que pretende agilizar trámites y desbloquear proyectos.

Aun así, el mercado español muestra señales de fortaleza: el año pasado se vendieron 700.000 viviendas en España, la cifra más alta desde 2007. Un dato que convive con las dificultades de acceso a la vivienda y que explica por qué la política urbanística vuelve a ocupar un lugar central en la agenda regional.