La reforma social acometida por el Gobierno de Italia en 2023, consistente en la eliminación de la denominada "renta de ciudadanía", una prestación análoga al Ingreso Mínimo Vital español, ha reabierto el debate económico sobre los efectos de los subsidios en la búsqueda de empleo. Tres años después del inicio del repliegue de esta medida, el país transalpino registra tasas de desempleo en mínimos históricos, lo que ha llevado a analistas y agentes políticos a estudiar la correlación entre la retirada de ayudas y la activación del mercado laboral.

Las cifras oficiales del caso italiano muestran que en julio de 2023 la renta cubría a 1.070.000 hogares. Tras su derogación y la transición hacia nuevos modelos, a finales de 2024 solo el 60% de esos hogares había logrado acceder a otra modalidad de prestación pública, mientras que un 25% no llegó a presentar ninguna solicitud de amparo y el 15% restante recibió una respuesta negativa. En términos de inserción, el 26% de aquellas familias perceptoras reconoció que, tras la supresión del subsidio, al menos uno de sus miembros había encontrado un puesto de trabajo.

La radiografía del Ingreso Mínimo Vital en España

El escenario en España muestra una tendencia de crecimiento sostenido de este tipo de coberturas. Seis años después de su implantación, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado de forma acumulada a casi 4 millones de personas. Actualmente, la prestación da cobertura a 2.800.000 personas integradas en 905.000 hogares. Los datos del pasado mes de septiembre reflejan una expansión de la red de protección, contabilizándose 391.000 beneficiarios más que en el mismo mes de 2025.

Ante la hipótesis de si una eventual supresión de la prestación en España replicaría la bajada del desempleo observada en Italia, los expertos e investigadores económicos apelan a la cautela y rechazan las lecturas unidireccionales.

Un fenómeno multifactorial: evolución macroeconómica y salarios

La comunidad académica y los analistas señalan que el descenso del paro en Italia no puede atribuirse en exclusiva a la extinción de la ayuda. "Creo que esa política o esa reforma ha contribuido en mejoras y en incentivos a la incorporación al mercado laboral, pero se une a otros factores que han sido la evolución de la industria, la evolución del sector servicios y la situación general de la economía", explica la economista Ana Romero.

El análisis de la situación en entornos regionales concretos, como la economía extremeña, introduce variables adicionales como la calidad del empleo disponible, la precariedad estructural o el nivel de los salarios en determinados sectores productivos, factores que condicionan directamente la efectividad de las reformas.

A este respecto, Ana Romero apunta a la necesidad de analizar la distancia real entre los ingresos por subsidio y las remuneraciones laborales: "No solo es que las ayudas sean altas, es que a lo mejor el salario es bajo. Tiene que haber también una diferencia importante entre las ayudas que perciben y el salario que van a recibir si se incorporan al mercado laboral. Si alguien ve que lo que percibe es prácticamente similar a lo que va a percibir trabajando, pues seguramente no dé el paso a incorporarse al mercado laboral".

Equilibrio entre la protección social y la fiscalización

A pesar de las discrepancias sobre el impacto de estas rentas en la disposición a aceptar un empleo, los analistas técnicos recuerdan que este tipo de prestaciones continúan siendo una herramienta indispensable para contener la exclusión social en las familias más vulnerables, especialmente en comunidades autónomas con menores niveles de renta per cápita.

La solución que plantea el consenso de los expertos no pasa por la supresión radical de los mecanismos de solidaridad, sino por un rediseño de las políticas activas. "Tiene que haber, por una parte, un apoyo para darle a la población esa formación necesaria para la búsqueda de empleo. Por otra parte, también tiene que haber un mayor control; no podemos generalizar, pero hay veces que puede haber un abuso de esas ayudas", concluye Ana Romero.