El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación dirigida al Servicio Público de Empleo Estatal  para aclarar las circunstancias que motivaron la apertura de un expediente disciplinario a un funcionario de la oficina de Mérida por atender a ciudadanos sin cita previa. En un escrito remitido al organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Defensor solicita información sobre el expediente al trabajador, el tiempo medio de obtención de citas en la oficina de Mérida en 2025 y 2026 y l os criterios de atención presencial y las limitaciones que deben cumplir los empleados públicos en estas oficinas.

El Defensor recuerda que en los últimos años ha recibido numerosas quejas ciudadanas por las dificultades para conseguir cita previa y ser atendidos presencialmente en las oficinas de empleo. Por este motivo, ha formulado varias recomendaciones a la Secretaría de Estado de Trabajo para buscar soluciones, aunque las respuestas oficiales han atribuido los problemas al déficit de personal.

El funcionario expedientado habría atendido a ciudadanos sin cita previa para expedir certificados de prestaciones necesarios para acceder a recursos sociales. Estas atenciones se habrían realizado tras atender a los citados o cuando había huecos libres en la agenda.