Vuelven las dudas sobre la legalidad del principio de “prioridad nacional” que defiende VOX y que recoge el acuerdo de gobierno en Extremadura, tras un reciente dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera discriminatorio exigir diez años de residencia para acceder a ayudas sociales. El pronunciamiento, basado en un caso en Italia, ha reavivado el enfrentamiento entre los partidos en la región.

El PP insiste en la legalidad de la “prioridad nacional”, que contempla una exigencia de entre 5 y 10 años de arraigo para acceder a ayudas, prestaciones o vivienda protegida. “La sentencia habla de migrantes en condición de asilados, y cuando se adopten medidas en Extremadura todo será conforme a ley”, ha señalado José Ángel Sánchez Juliá.

Desde VOX se reafirman, defendiendo que “los españoles tienen que ir primero”, en palabras de Álvaro Sánchez Ocaña, quien ha calificado esta prioridad como “puro sentido común”.

Desde el PSOE extremeño, Isabel Gil Rosiña ha advertido de que “no se puede gobernar contra la gente” y ha asegurado que recurrirán cualquier medida por vías jurídicas e institucionales.

Por su parte, Unidas por Extremadura, a través de Irene de Miguel, ha señalado que el fallo europeo supone “una bofetada a la prioridad nacional” y ha insistido en que “no se pueden hurtar derechos por el certificado de nacimiento”.

La oposición no descarta emprender acciones legales contra este punto del acuerdo de gobierno al considerar que podría vulnerar el derecho comunitario.