Un juez da a un matrimonio placentino diez días de plazo para entrar voluntariamente en la cárcel por un delito urbanístico, al no haber derribado una vivienda en construcción en la Sierra de Santa Bárbara. El abogado de la pareja ha interpuesto un recurso de amparo este viernes para tratar de paralizar la decisión y piden conmutar la pena de cuatro meses de cárcel por trabajos a la comunidad.
Carlos Palomero y su mujer tendrían que entrar en prisión de forma voluntaria, en una semana, por orden del juez. El pasado martes recibían una notificación al respecto. En abril de 2019, fueron condenados por un delito contra la ordenación del territorio a cuatro meses de prisión, al pago de una multa y a legalizar o derribar el inmueble que estaba en construcción.
En aquel entonces, explica Palomero, tenían un abogado de oficio que no ha seguido su caso y ahora se encuentran con la ejecutoria. En este momento "tenemos un abogado privado que ha interpuesto, este viernes, un recurso de amparo para parar la orden de ingreso en prisión". La situación, asegura, es crítica, porque "tenemos varios menores a nuestro cargo y necesitamos seguir trabajando con normalidad".
Carlos Palomero asegura que no se niegan al derribo de la casa, de hecho, él mismo ha tirado ya un tercio: "No teníamos medios para que lo hiciera una empresa porque puede costar entre 8 y 10.000 euros y decidí hacerlo yo mismo". De ese modo, con un martillo ha tirado ese tercio de lo que llevaban construido en el momento en que se paró la obra, allá por 2012. Y está dispuesto a contratar una empresa que acabe la demolición.
Ahora espera que el juez deje en suspenso la entrada en prisión y lo conmute por trabajos a la comunidad pues su mujer y él tienen dos hijas y dos nietos a su cargo. Carlos es cerrajero, tiene un contrato estable, y su mujer es gerocultora y trabaja en una residencia de mayores.
