Este miércoles ha arrancado en Mérida el juicio a los administradores de tres empresas por presunta extracción ilegal de áridos del río Guadiana en la zona de Medellín en 2013 y 2014. Los hechos fueron descubiertos por agentes del SEPRONA.
Las firmas encausadas son Áridos Ruecas y las dombenitenses MAFEROGA Empresarial y Clasificados del Guadiana, ésta última ya extinta. La Fiscalía solicita siete años de prisión, y la Confederación Hidrográfica pide para ellos seis años de cárcel.
Según la parte acusadora, esas piedras se sacaron del río sin permiso. La defensa solicita la libre absolución, dado que el plazo de instrucción -asegura- se agotó. José Manuel García Quílez, abogado de Clasificados del Guadiana, alega que su cliente no se pudo defender en la fase de instrucción, ya que no hubo informe pericial hasta la fase intermedia; motivo suficiente -añade- para declarar la ilegalidad del procedimiento.
Insiste en que se puede recusar a un testigo, un perito, por ser comisario de aguas de Confederación, y cuestiona que se le llamase a declarar nueve años después de los supuestos delitos. Indica que la zona afectada se declaró espacio protegido en 2015, es decir, después de los hechos que se juzgan.
Para el fiscal y el letrado del organismo de cuenca no se ha privado a los acusados de los mecanismos para su defensa; han tenido -subrayan- todas las garantías procesales. Sostienen que no hay indefensión.
La acusación cree que a los administradores se les debe exigir responsabilidad civil subsidiaria. El juicio -que estaba fijado para mayo de 2022 pero se aplazó- durará tres días, hasta el viernes. Se prevé que la juez emita la sentencia en un plazo aproximado de un mes.
