El Congreso daba este jueves el visto bueno al Real Decreto-ley que el martes aprobaba el Consejo de Ministros y que va a permitir tanto a los ayuntamientos como a las comunidades autónomas destinar el superávit y los remanentes de tesorería obtenidos en 2024 a Inversiones Financieramente Sostenibles de aquí a 2027. Con esos fondos se podrán incrementar las partidas presupuestarias de esas administraciones en la prestación de servicios públicos fundamentales. Con ello se satisface una vieja demanda del ámbito municipal de nuestro país.
Proyectos de interés público
Con ese texto los consistorios podrán realizar proyectos de interés público que, además, no computarán en la regla de gasto. Entre ellos cabe destacar el alcantarillado, el abastecimiento de agua, la recogida de residuos o el alumbrado público; también la mejora de infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social, vivienda o recursos hidráulicos. Las comunidades autónomas podrán hacer inversiones contra el cambio climático, para la eficiencia energética, o que permitan evitar gastos recurrentes. Se podrán realizar en 2027, pero tendrán que empezar en 2026. A las administraciones se les exige un requisito indispensable para poder beneficiarse de esta regla: cumplir el plazo medio de pago a proveedores.
El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local en Badajoz (COSITAL) indica que es una antigua reivindicación de las autoridades municipales. En declaraciones a Canal Extremadura Radio, su presidenta les ha animado a llevar a cabo una adecuada planificación de esas inversiones, aplicando el sentido común y la responsabilidad, como si de una economía doméstica se tratase.
Deberes hechos
En definitiva, según enfatiza María José Parras, deben hacer un buen uso de ese dinero. Asegura que las administraciones han hecho los deberes; pone de manifiesto el gran esfuerzo que han tenido que hacer para cerrar el pasado ejercicio con superávit. Destaca, por último, la importancia de llevar un control riguroso de esas inversiones públicas. En cualquier caso, considera una buena noticia la aprobación de ese Real Decreto-Ley.
Por otro lado, ese texto aplaza un año, hasta 2027, la adaptación que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos deben llevar a cabo a los requisitos que plantea el reglamento conocido como "Verifactu", que se aplica a los sistemas informáticos de facturación. Con esta medida se pretende poner coto al fraude tributario y a la economía sumergida que se derivan del llamado "software de doble uso".
