Los votos en contra de PSOE y Unidas por Extremadura, y la abstención de Vox han tumbado el decreto ley de vivienda del PP que necesitaba más síes que noes para salir adelante. Las principales medidas iban dirigidas a los ayuntamientos, como por ejemplo la posibilidad de cesión directa de suelos a otras administraciones para la promoción de viviendas. La norma incluía también otras medidas en materia de energía renovable y función pública.
El Grupo Parlamentario Popular se ha quedado solo en el pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves a la hora de apoyar este decreto, del que su diputado Juan Luis Rodríguez Campos ha dicho que "no hay ningún motivo objetivo" para que los grupos políticos no permitan su convalidación.
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha sido el encargado de presentar el contenido del decreto ley que busca mermar la escasez de vivienda o la dificultad para su acceso en amplios sectores de la población extremeña.
Así, con el mismo, la Junta tenía el objetivo de agilizar la aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, impulsar la promoción de vivienda y adoptar otras medidas urgentes en los ámbitos de la energía y la función pública.
Martín Castizo ha señalado que las circunstancias actuales exigen una "respuesta decidida" para afrontar la "situación excepcional" en el acceso a la vivienda, a lo que se une que, a partir del 25 de junio, se impondrían limitaciones a la modificación de la mayoría de los instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes en Extremadura.
"Lo que hace necesaria una primera reforma normativa orientada a la simplificación y agilización de los trámites urbanísticos", ha reseñado el consejero, quien ha expuesto que beneficiaría, de forma especial, a los ayuntamientos.
Entre las medidas que recoge el decreto ley no convalidado y que ha puesto en valor Martín Castizo, destaca la sustitución de las licencias urbanísticas de primera ocupación por declaración responsable aunque se mantiene la seguridad jurídica, ha precisado.
Otra de las medidas encaminadas a conseguir una mayor agilidad en la tramitación de algunos expedientes municipales es la puesta en marcha de las denominadas Entidades de Certificación Urbanística aunque, "en todo momento", el ayuntamiento mantendría sus funciones de control urbanístico y, "en ningún caso, se excluye la función de verificación, inspección y control propia de los servicios técnicos municipales".
Por su parte, entre las medidas directas para el incremento en la oferta de suelo para la promoción de viviendas, se encuentra la regulación de la posibilidad de cesión directa de suelos de ayuntamientos a otras administraciones públicas o entidades dependientes.
Esta medida se complementa con otra que también busca poner suelo a disposición del mercado para la construcción de viviendas y, en este caso, se posibilita plantear la vivienda protegida en los usos terciarios previstos en el planeamiento.
Por último, el decreto también recoge que se podrá destinar a uso de vivienda los locales o elementos privativos de uso terciario comprendidos en edificios de vivienda colectiva, algo que depende de la regulación de cada municipio y que "se permite para toda la región sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico municipal".
El consejero también ha expuesto que, además de las medidas específicamente urbanísticas, este decreto ley también incorpora otras actuaciones "urgentes y necesarias" en sectores clave que requieren una "respuesta inmediata" por parte del Gobierno regional.
En primer lugar, se adoptan disposiciones orientadas a fomentar la instalación de energías renovables y, en el marco de una coyuntura administrativa "compleja", se incluyen medidas puntuales en materia de función pública.
Entre ellas la ampliación del plazo máximo de duración de los nombramientos de funcionarios interinos para ejecutar programas temporales, que podrá extenderse hasta un año adicional.
En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PSOE Fernando Rodríguez Enrique ha explicado que su grupo rechaza el decreto porque el mismo "carece de toda credibilidad y rigor", a lo que se une la gestión "dañina" de Martín Castizo en este sentido.
De este modo, y respecto al decreto, el socialista ha criticado que busque una vuelta al "urbanismo más salvaje de principios del siglo XX" y taparlo con dos cuestiones con las que su grupo está "absolutamente de acuerdo", en relación a la reformas en materia de función pública o la Ley Agraria.
Asimismo, el diputado ha anunciado que, tras la no convalidación y para solucionar la "falta de acción" de la Junta en la materia, su grupo presentaría "hoy mismo" una propuesta de ley con un único artículo para aumentar el plazo de adaptación de normativa de la LOTUS por dos años más.
Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha criticado que la Junta haya traído un decreto 'Ómnibus' que es una "chazpuza legislativa" y que, aunque contiene "aspectos positivos" éstos son "claramente insuficientes" para lo que Extremadura necesita.
Además, ha afeado que se haya redactado sin incluir el diálogo previo con los grupos, ya que estos son necesarios para su aprobación al no contar el PP con mayoría suficiente, y ha planteado sus dudas respecto a algunas figuras como la de la declaración responsable o sobre la posibilidad de que se produzca una "indeseable privatización del urbanismo por la puerta de atrás".
"En Vox no aceptamos ni chantajes ni imposiciones, ya nos conocen ustedes. Nosotros queremos lo mejor para Extremadura, por supuesto, no cabe la menor duda, pero trágalas ninguna. Simplificar, sí, no de cualquier forma. Vivienda protegida, sí, pero con garantías. Y energías renovables sin avasallar al campo. Y sí a los interinos, por supuesto, pero con reformas serias", ha expuesto.
Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha indicado que su grupo tiene la sensación de que la Junta no respeta su propio trabajo al incluir en este decreto ley materias que no son las propias de su contenido y que merecerían su debate.
"Esto afecta a su propio trabajo, porque condiciona nuestro voto respecto a cuestiones a las que deberíamos votar de otra manera, pero al meterlas todas en el mismo saco nos obligan a votar de una manera que no nos gustaría en algunos aspectos", ha precisado Macías.
Macías también ha criticado que al elegir la tramitación por decreto ley, los grupos no pueden hacer ninguna aportación ni llamar a entidades. "Ustedes han optado por un decreto ley y el decreto ley, además, nos meten de todo y tenemos que decidir si sí o si no, son lentejas. Y creo que es un error", ha dicho.
Asimismo, el diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos ha puesto en valor que este decreto resolvería "grandes incertidumbres", además de aportar "soluciones reales, tangibles y, algo muy importante, a corto plazo".
"Con este decreto se solucionan problemas urbanísticos de los ayuntamientos, se permite la simplificación administrativa, se acortan plazos y se ponen soluciones a la falta de suelo para la construcción de vivienda protegida. Y, sobre todo, tiene otra característica, como les decía, que permite, pero que no obliga", ha señalado.
Por ello, ha considerado que "no hay ningún motivo objetivo" para que los grupos políticos no permitan su convalidación. "Suya será la responsabilidad, si no lo hacen, porque este Gobierno y este grupo parlamentario han hecho todo lo que teníamos que hacer y todo lo que podíamos hacer", ha subrayado.
