El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, con el único voto en contra de Vox y la abstención de PP y UPN. El texto, respaldado por los partidos del Gobierno y sus socios, pasa ahora al Senado para continuar su tramitación y podría entrar en vigor antes de que termine el año.
La norma busca garantizar una atención justa, personalizada y sin abusos, fijando estándares básicos de calidad para empresas con más de 250 trabajadores, más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general.
Entre las principales novedades destacan:
- Esperas máximas de tres minutos en llamadas telefónicas y resolución de reclamaciones en 15 días (cinco si son por cobros indebidos).
- Fin del spam telefónico: las llamadas comerciales deberán identificarse con un prefijo específico y las teleoperadoras bloquearán las que no cumplan esta norma.
- Atención humana garantizada: el cliente podrá exigir ser atendido por una persona y no por un robot, en menos de tres minutos.
- Derechos lingüísticos: las empresas deberán ofrecer atención en todas las lenguas cooficiales.
- Transparencia en precios: se prohíbe que el coste aumente durante el proceso de compra online.
- Control de reseñas falsas: solo podrán publicarse en los 30 días posteriores a la compra y las empresas podrán solicitar su eliminación si son fraudulentas.
- Aviso previo en renovaciones automáticas: las compañías deberán informar con 15 días de antelación y facilitar la baja voluntaria.
Además, la ley introduce medidas en el ámbito del juego online, regulando la figura del influencer y reforzando la seguridad en medios de pago y cuentas de operadores.
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha destacado que esta ley “acaba con los principales abusos de algunas grandes empresas y garantiza el derecho a una información clara”.
