La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo verá reducida su partida presupuestaria de 11 millones de euros a menos de 3 millones en los nuevos presupuestos autonómicos. A este recorte se suma el cese de la directora de la agencia, una decisión adoptada por la Junta de Extremadura y duramente criticada por los grupos de la oposición.

Reorganización y ahorro, según Vox

Desde Vox, formación con competencias en cooperación en virtud del acuerdo de Gobierno, se enmarca la decisión de no sustituir a la directora general dentro de una reorganización de la administración pública y de una revisión en la gestión de los recursos.

La portavoz Inés Checa ha justificado la medida asegurando que supondrá un ahorro económico. “Casi 90.000 euros que se van a ahorrar los extremeños. Las razones forman parte del proyecto de nuestra consejería”, ha afirmado.

El PP apela al pacto de Gobierno

A estos argumentos se ha sumado el Partido Popular, que recuerda que el pacto de Gobierno PP‑Vox otorga a Vox las competencias en cooperación internacional. En este sentido, los populares consideran que los cambios forman parte del funcionamiento habitual de una consejería.

El portavoz José Ángel Sánchez Juliá ha señalado que el PP debe respetar el acuerdo suscrito. “Nosotros no podemos hacer más que respetar y hacer cumplir el pacto PP‑Vox y respetar las decisiones que se están tomando dentro de las consejerías y que toman las decisiones más oportunas”, ha manifestado.

Críticas del PSOE y Unidas por Extremadura

Desde el PSOE, la crítica se dirige directamente a la presidenta de la Junta, María Guardiola. Los socialistas consideran que el Ejecutivo autonómico ha desmantelado la política de cooperación internacional al asumir los planteamientos de Vox.

La portavoz Isabel Gil Rosiña ha sido contundente. “¿Quién gobierna en la Junta? La presidenta ha abrazado los postulados de Vox, que tienen que ver con el fascismo”, ha afirmado.

También Unidas por Extremadura ha cargado contra el Gobierno regional y ha responsabilizado al PP de una decisión que califica de “dramática”. Irene de Miguel ha cuestionado el carácter social de los presupuestos. “Cuando se habla de que son los presupuestos más sociales... y lo primero que hacen es cargarse la cooperación al desarrollo, no entiendo muy bien qué entienden PP y Vox por sociales”, ha declarado.

La formación recuerda, además, que el PP y el resto de grupos se comprometieron en 2023 a avanzar hasta destinar el 0,7 % del presupuesto autonómico a cooperación internacional.

La postura de la Junta

Desde el Ejecutivo regional, el vicepresidente Óscar Fernández Calle ha defendido los recortes argumentando que Extremadura sigue siendo una de las regiones más pobres del país. Según ha explicado, los 10 millones de euros que se destinaban a cooperación exterior deben emplearse para cubrir necesidades internas de la comunidad.

Reacción de las organizaciones sociales

Por su parte, las organizaciones sociales extremeñas han rechazado públicamente las declaraciones realizadas por Fernández Calle el 28 de mayo de 2026, en las que se anunciaron los recortes y se cuestionó el trabajo de entidades que apoyan a personas migrantes.

Los colectivos denuncian la criminalización de esta labor, amparada recuerdan por la legislación internacional, europea y española, y consideran que calificarla de ilegal o tildar de “ilegales” a las personas en situación irregular constituye un discurso de odio y una falsedad, ya que se trata de una situación administrativa susceptible de regularización.

Asimismo, critican que se utilice a la población migrante como argumento para justificar recortes que afectan al conjunto de la ciudadanía, especialmente en ámbitos como servicios sociales, igualdad o cooperación internacional. Defienden el valor de la solidaridad internacional como elemento de proyección de Extremadura y reclaman al Gobierno autonómico respeto, rectificación y el abandono de discursos que, a su juicio, vulneran los derechos humanos.