19 Diciembre 2021, 16:59
Actualizado 19 Diciembre 2021, 16:59

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha admitido ahora que ni la Confederación Hidrográfica del Duero ni la del Tajo abrieron expedientes por los drásticos desembalses del pasado verano en pantanos como los de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres).

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció el pasado 19 de agosto, en plena polémica por los desembalses, la apertura de "expedientes informativos" por supuesta "mala praxis" en la gestión de embalses pero el propio Ministerio ha reconocido cuatro meses después que no llegó a abrir ningún procedimiento administrativo de ese tipo.

El aprovechamiento hidroeléctrico el pasado verano llevó a las empresas que tienen la concesión de esos embalses a programar bajadas de nivel que causaron malestar en la zona, al afectar al abastecimiento, a cultivos y ganadería y al turismo, como ocurrió por ejemplo en Ricobayo, donde el nivel de ese gran pantano zamorano pasó del 95 al l2 por ciento en cinco meses.

En la actualidad, a punto de comenzar el invierno, ese embalse aún no ha recuperado su capacidad y, pese a las lluvias de las últimas semanas, se encuentra al 25 por ciento de capacidad, más de doce puntos por debajo de la media de los últimos diez años.

La Dirección General del Agua ha indicado en esa respuesta que en su momento solicitó información a la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Duero sobre las circunstancias concretas de dos episodios de desembalse ocurridos en julio y agosto, "lo que no implica que se haya iniciado procedimiento alguno por parte de los organismos de cuenca".

El director general del Agua, Teodoro Estrela Monreal, también ha argumentado que no ha abierto expedientes informativos como tales porque se trata de un procedimiento que no existe en el marco regulador actual sobre dominio público hidráulico.

Al respecto, ha recordado que esa figura a la que aludió el secretario de Estado de Medio Ambiente, la del expediente informativo, no se recoge en la actual normativa del agua.

Ese tipo de expedientes no se contempla en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprobó el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y se desarrolló la Ley de Aguas de 1985 en lo referente a los procedimientos que afectan al dominio público hidráulico.

Morán sostuvo públicamente en una rueda de prensa el pasado 19 de agosto en Zamora que se habían abierto varios expedientes informativos por los desembalses y si se comprobaba que había mala praxis derivarían en expedientes sancionadores.

También aseguró entonces que en los desembalses del pasado verano se había "superado lo que el sentido común recomienda en el uso de un recurso público tan sensible como es el agua".

Al margen de las actuaciones en la vía administrativa, el desembalse de Ricobayo ha sido objeto de una querella criminal promovida por ciudadanos particulares por supuesto delito medioambiental que investigan los juzgados zamoranos.

En la actualidad, la Confederación Hidrográfica del Duero se encuentra en fase de información pública y recogida de alegaciones al borrador del nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero para el periodo 2022-2027.

En ese documento se regulan diferentes aspectos de cara a conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y lograr, entre otros objetivos, proteger la calidad del agua, economizar su empleo y racionalizar sus usos "en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales". 

 

Respuesta de Miguel Ángel Morales

La falta de acción del Ejecutivo a la hora de pedir estos informes ha sido criticada duramente por el secretario provincial de los socialistas en Cáceres. En sus redes sociales, Miguel Ángel Morales ha asegurado que es "absolutamente incomprensible que el ministerio no tome medidas contra las confederaciones".

En su respuesta, sigue Morales, carga duramente contra las confederaciones hidrográficas de las que, asegura, son "entes carentes de sentido, que deben desaparecer y que se ensañan contra los Ayuntamientos y contra los ciudadanos, pero son serviles con las eléctricas".

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