La Junta de Extremadura ha dado un nuevo paso para reactivar el proyecto del regadío de Tierra de Barros. El consejero de Agricultura, Juan José García, ha presentado este miércoles en el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo una nueva planificación que contempla una primera fase dotada con 20 millones de euros de financiación autonómica, con el inicio de las obras previsto para comienzos de 2027.

Durante el encuentro con la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros, el director general de regadíos José Manuel Sánchez, ha detallado una hoja de ruta que combina la actualización técnica de la actuación, la tramitación administrativa y ambiental necesaria y la definición definitiva de la superficie que los agricultores desean incorporar al futuro regadío.

Respaldo legal y actualización del proyecto

La Junta ha defendido que la transformación en regadío de la comarca cuenta con una sólida base jurídica y administrativa. Según ha explicado García, el proyecto responde al desarrollo agroempresarial de una zona caracterizada principalmente por los cultivos de vid y olivo y por la disponibilidad de recursos hídricos procedentes de los embalses de Alange y Villalba.

Asimismo, ha recordado que los planes hidrológicos del Guadiana ya reservaban recursos para esta actuación y que la iniciativa está respaldada por el Decreto 232/2014, que declaró la transformación de la Zona de Barros de interés para la comunidad autónoma, así como por la Ley Agraria de Extremadura de 2015.

Hasta 15.000 hectáreas de superficie regable

Uno de los aspectos centrales de la propuesta pasa por determinar cuántos agricultores están dispuestos a incorporarse definitivamente al proyecto y qué superficie quedará comprometida.

La Administración autonómica considera que disponer de esta información desde el inicio permitirá evitar futuras ampliaciones y sobrecostes. En este sentido, ha señalado que las infraestructuras previstas serán compatibles con una superficie de hasta 15.000 hectáreas, lo que permitiría diseñar el sistema de riego con capacidad suficiente para las necesidades futuras.

Además, la Junta ha destacado que una mayor superficie regable favorece economías de escala, mejora la eficiencia de las infraestructuras y reduce el impacto de los costes fijos sobre cada explotación beneficiaria.

Listado de comuneros y aval de compromiso

Para avanzar en la tramitación, la Comunidad de Regantes deberá presentar un listado actualizado de comuneros y de las hectáreas que participarán en el proyecto.

Una vez completado ese trámite, podrá formalizarse el encargo a TRAGSA. Además, la Junta prevé solicitar una garantía de compromiso de 150 euros por hectárea a los propietarios adheridos.

Según ha aclarado la Administración regional, esta cantidad no se destinará a financiar los trabajos iniciales, sino que servirá para acreditar formalmente la voluntad de permanencia de los comuneros en el proyecto. Los fondos se gestionarán mediante una cuenta específica independiente de la actividad ordinaria de la comunidad de regantes.

Primera fase con financiación autonómica

La primera etapa de la actuación estará financiada íntegramente por la Junta de Extremadura a través de los presupuestos autonómicos, con una dotación inicial de 20 millones de euros.

El Gobierno regional ha recalcado que esta fase arrancará sin exigir aportaciones económicas a los regantes y que permitirá iniciar la actuación sin recurrir, en esta fase inicial, a mecanismos de copago asociados a determinados programas europeos. Las estimaciones manejadas sitúan el coste orientativo de la transformación en torno a los 6.000 euros por hectárea, aunque la cifra definitiva dependerá del proyecto actualizado, de las soluciones técnicas que se adopten y de la superficie finalmente incorporada.

Obras en 2027 y desarrollo hasta 2028

La hoja de ruta contempla la licitación durante el segundo trimestre de 2027 de un nuevo proyecto constructivo que incorpore tecnologías actuales, actualice costes y adapte las infraestructuras de riego y automatización a las necesidades reales de la zona.

De forma paralela, se tramitarán las modificaciones ambientales que resulten necesarias para garantizar la viabilidad y vigencia administrativa del proyecto. Según ha informado el consejero, ya se han iniciado los trámites expropiatorios vinculados a esta primera fase. Una vez que se complete el listado definitivo de comuneros y se formalice el protocolo previsto, los trabajos podrían comenzar en enero de 2027.

García también ha avanzado que, a partir de 2028, el proyecto continuará desarrollándose durante un periodo estimado de entre seis y ocho años, con una inversión global que podría superar los 300 millones de euros.