El regadío de Tierra de Barros vuelve a situarse en uno de esos momentos críticos que han marcado su trayectoria durante más de una década. La Declaración de Impacto Ambiental caduca en agosto del año que viene, y eso obliga a que las obras hayan comenzado antes de esa fecha para evitar que el proyecto pierda su validez administrativa y tenga que reiniciarse. La Junta de Extremadura ha anunciado su intención de que los trabajos arranquen en enero, un calendario que pretende demostrar que el regadío sigue siendo viable pese a los años de incertidumbre.

Convencer a los agricultores: el reto inmediato

Tras más de diez años de trámites sin avances visibles, la Junta afronta ahora la tarea de recuperar la confianza de los agricultores. Muchos se retiraron del proyecto ante las dudas generadas en los últimos años, y su adhesión es clave para dimensionar las obras y garantizar la viabilidad de las 15.000 hectáreas previstas.

La primera prueba será el 16 de septiembre, cuando la consejería explicará directamente a los regantes la nueva planificación: fechas, novedades técnicas, fórmulas de financiación y el calendario de actuaciones. La primera obra está prevista para enero, pero su alcance dependerá del número de agricultores que decidan sumarse.

Los agricultores deberán asumir entre un 25% y un 30% del coste total del proyecto, una aportación que condiciona su decisión de participar. El resto de la financiación, tras perder los fondos europeos y sin compromiso del Ministerio, recaería, si no hay cambios, en la Junta de Extremadura, que tendría que asumir una inversión millonaria para sacar adelante una infraestructura que transformaría el futuro de las explotaciones de la comarca.