Más de medio millar de agricultores, ganaderos y apicultores han participado en una tractorada convocada por Asaja Extremadura y apoyada por UPA-UCE para denunciar la situación “insostenible” que atraviesa el campo extremeño, agravada, según denuncian, por el acuerdo comercial de Mercosur, los recortes en la PAC y el aumento de costes de producción.

La movilización ha arrancado a primera hora con la concentración de 166 camiones y furgonetas y 38 tractores en cuatro rotondas de acceso a la capital cacereña. El paso ha permanecido cortado por momentos, aunque se ha permitido la circulación de vehículos de emergencia. Desde allí, la columna ha avanzado lentamente hasta la rotonda del centro comercial Carrefour, para después continuar hacia el centro de la ciudad.

"Cada día cierra una explotación más"

Durante la protesta han estado presentes el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, y el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco. Este último ha asegurado que “hoy es un día triste para Extremadura”, al considerar que cada jornada que pasa “cierra una explotación más” en la región. García Blanco ha lamentado que muchas prácticas tradicionales ligadas al campo extremeño “han desaparecido” y ha acusado a los responsables políticos de “traicionar” al sector con precios injustos y con unas ayudas de la PAC que, afirma, ya no garantizan la supervivencia de las explotaciones.

Crisis del sector apícola

Por su parte, Llanos ha insistido en la grave crisis del sector apícola, afectado por el cambio climático, las enfermedades de las colmenas y los altos costes de producción. Ha denunciado además que la Ley de la Cadena Alimentaria “no está haciendo efecto”, lo que está empujando a muchas explotaciones a echar el cierre. En términos similares se ha expresado Paulino Marcos, presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores, quien ha recordado que unas 1.500 familias viven de la apicultura en Extremadura, un sector que lleva más de cinco años con producciones muy bajas.

Tras atender a los medios, los camiones y tractores han continuado hacia la plaza de América, donde los manifestantes han iniciado una marcha a pie hasta la Subdelegación del Gobierno, en la avenida Virgen de la Montaña. Allí han llegado portando dos colmenas, que según avanzó García Blanco, amenazaron con abrir si no se les permitía “lanzar unos huevos” contra la fachada de la institución.

Unos 8.000 agricultores y ganaderos, acompañados por unos 500 tractores provenientes de distintos puntos de España, incluidos agricultores extremeños, han tomado las calles de Madrid convocados por Unión de Uniones y UNASPI para protestar contra los recortes de la PAC, el acuerdo comercial UE-Mercosur y la pérdida de rentabilidad que está llevando al cierre de explotaciones. Aunque los organizadores esperaban 1.500 tractores, Delegación del Gobierno solo autorizó la entrada de alrededor de 500 vehículos agrícolas.

Desde primera hora, y bajo una intensa lluvia, las columnas de tractores provenientes de Torrejón de la Calzada, Robregordo, Arganda del Rey, Guadalajara y El Espinar han avanzado con retrasos hacia la Plaza de Colón, donde miles de manifestantes se han concentrado antes de dirigirse hacia el Ministerio de Agricultura, aunque sin poder acceder con los vehículos. Los agricultores portaban pancartas con lemas como “No a Mercosur”, “El campo no se vende, se defiende” o “Mercosur y recortes PAC, nuestra ruina”.

Las proclamas han apelado también a la ciudadanía, denunciando que la pérdida de rentabilidad del campo afectará directamente a consumidores y precios. Delegación del Gobierno ha contabilizado 367 tractores y 56 autobuses, mientras que a mediodía unas 2.500 personas aguardaban ya en Colón para unirse a la marcha.

El coordinador estatal de Unión de Uniones, el extremeño Luis Cortés, ha celebrado la respuesta del sector y ha criticado la falta de unidad entre las organizaciones agrarias, insistiendo en que Mercosur es “un mal acuerdo comercial”. También ha advertido de las consecuencias para los consumidores si entra en vigor: “Hoy sabemos que un filete de ternera es sano, pero el próximo año podría estar hormonado”. Desde UNASPI, su presidente Miguel Ángel Aguilera ha denunciado que las políticas europeas y la Agenda 2030 están “arruinando” al sector primario.

Los manifestantes han reiterado su rechazo al acuerdo UE-Mercosur, alegando que el campo soporta una presión creciente desde hace años, agravada por la guerra en Ucrania y el incremento de los costes de producción. Denuncian que la ley de la cadena alimentaria no se cumple, que la PAC está al borde de desaparecer, que los protocolos de sanidad animal están obsoletos y que la falta de rentabilidad impide el relevo generacional, por lo que reclaman que la agricultura sea tratada como una cuestión de Estado.

Para garantizar el desarrollo de la protesta se han movilizado más de 1.800 efectivos de seguridad entre Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales. Entre los asistentes se encontraba también el presidente del Grupo Parlamentario Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, quien mostró su apoyo a los agricultores y afirmó que Mercosur y la reforma de la PAC son “la sentencia de muerte del campo español”

El temporal de los últimos días ha vuelto a evidenciar los problemas de suministro eléctrico que sufren desde hace años varias localidades del sur de la provincia de Badajoz, entre ellas Salvatierra de los Barros. Los vecinos aseguran que los cortes de luz son continuos y que, además de dejarlos sin servicio en repetidas ocasiones, han provocado averías en numerosos electrodomésticos y pérdidas económicas importantes.

"Repercute no sólo económicamente, sino moralmente porque vivimos de esto"

Los negocios tampoco se libran. En el supermercado Spar Hermanos Chinarro, su responsable, Francisco Chinarro, relata que los apagones afectan gravemente al funcionamiento diario. "Repercute no sólo económicamente, sino moralmente porque vivimos de esto. Si no puedes prestar un servicio a tus clientes, porque si no hay luz tenemos que tirar productos. Me ha pasado no una vez ni dos, sino muchísimas veces", denuncia.

Otros establecimientos han tenido que realizar inversiones para poder seguir abiertos durante los cortes. Es el caso de María de los Ángeles Ortiz, propietaria de una ferretería en la localidad, que ha optado por instalar un sistema de autoconsumo. "Yo tengo puesto autoconsumo con placas solares y una batería. Una de las prioridades de montarlo eran los cortes de luz, porque cuando los demás tienen que tener cerrado, yo puedo mantener mi negocio abierto", explica.

Los vecinos reclaman una solución urgente

A pesar de que desde 2022 se construyen nuevas líneas eléctricas para reforzar la red, los afectados aseguran que las obras avanzan con retraso y que la situación sigue sin resolverse. Por ello, los vecinos han solicitado una reunión con la Dirección General de Industria para reclamar una solución urgente.

Vecinos de Vegas Altas también afectados

La situación también ha afectado a las comunicaciones en otras zonas de la provincia. Más de 11.000 vecinos de once localidades de Vegas Altas se quedaron varios días sin servicio telefónico ni conexión a internet tras la caída de dos torretas de Telefónica, derribadas por la crecida del río Guadiana el pasado jueves. Municipios como Navalvillar de Pela, Orellana, Entrerríos, Valdivia o Palazuelo quedaron incomunicados, afectando al funcionamiento de comercios, bancos y servicios administrativos y sanitarios.

La fibra óptica ha regresado ya a la mayoría de los hogares y la cobertura móvil se ha restablecido de forma progresiva, devolviendo la normalidad a la zona.

Ecologistas en Acción ha presentado una demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea para anular la decisión de la Comisión Europea que declaró “estratégicos” seis proyectos mineros en España dentro de la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA). Entre los proyectos afectados figuran tres en Extremadura: La Parrilla, Aguablanca y Las Navas junto a Doade (Galicia), Las Cruces (Andalucía) y El Moto (Castilla-La Mancha).

La organización sostiene que la Comisión ha vulnerado la legislación ambiental europea y el derecho a una buena administración, al otorgar esta designación pese a que varios proyectos acumulaban sanciones, antecedentes penales o carecían de autorizaciones ambientales válidas. Según Ecologistas en Acción, la UE aceptó sin contraste la información de las empresas, convirtiendo la evaluación ambiental en un trámite formal y obviando los incumplimientos de sostenibilidad exigidos por el propio reglamento europeo.

La demanda también denuncia que la Comisión no justificó públicamente por qué estos proyectos cumplían los criterios legales, lo que consideran una vulneración del Convenio de Aarhus. Ecologistas en Acción advierte de que la declaración de “proyecto estratégico” acelera trámites y puede rebajar las garantías ambientales, afectando a comunidades y ecosistemas; por ello solicita al Tribunal General que deje sin efecto la designación.

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, procedieron el pasado mes de enero a la detención de una mujer por su presunta autoría de un delito de blanqueo de capitales, estafa y simulación de delito.

El pasado mes de octubre se recibían en Badajoz unas diligencias procedentes de un Juzgado en Gijón, donde informaban que la Brigada de Policía Judicial de esa localidad había identificado a una mujer, vecina de Badajoz, como titular de una cuenta bancaria en la que un gijonés había sido víctima de una estafa mediante el método del “Familiar en apuros”, ingresando en esa cuenta 9.850 euros.

Los agentes de Gijón solicitaban la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, haciéndose cargo de la investigación el Grupo II de Delitos Tecnológicos, averiguando estos que la investigada era titular de 12 cuentas bancarias, y que, una vez tuvo conocimiento de que estaba siendo investigada, negó ser titular de las mismas e incluso interpuso una denuncia falsa.

Las gestiones practicadas por los agentes con las entidades bancarias verificaron que las cuentas investigadas habían sido abiertas por la propia denunciante, figurando su documentación personal, su firma y también su identidad en las video-verificaciones, necesarias para su formalización final. Además, se comprobó que dichas cuentas habían sido cedidas a terceras personas, quienes las habrían utilizado para la comisión de diversas estafas mediante transferencias y operaciones fraudulentas.

Significar que la presunta autora era colaboradora o partícipe indirecta, conocida esta figura como “mula financiera”, por la cesión voluntaria o negligente de sus cuentas bancarias, identidad o medios de pago, permitiendo mover dinero de origen ilícito.

La detenida es una mujer de 35 años, quien, tras la instrucción del pertinente atestado policial, fue puesta ante la Autoridad judicial.

El desconocimiento no excluye la responsabilidad legal y penal

¿Qué hace una mula financiera?

• Recibe dinero en su cuenta, muchas veces sin tener control real sobre ella, a cambio de una pequeña compensación económica.
• Retira, transfiere o envía ese dinero a otras personas o cuentas, o incluso desconoce su destino.
• Lo hace a cambio de una comisión o promesas de dinero fácil.

¿Cómo suelen reclutarlas?

• Ofertas de trabajo desde casa poco claras.
• Contactos por redes sociales o correos falsos.
• Promesas de ganancias rápidas sin requisitos.
• Captan a jóvenes o personas con dificultades económicas.

¿Por qué es peligroso?

• Aunque diga “no sabía”, la responsabilidad legal recae sobre la persona titular de la cuenta.
• Participa en blanqueo de capitales o estafas.
• Conlleva bloqueo de cuentas, antecedentes penales, multas e incluso prisión.

Señales de alerta

• Te piden usar tu cuenta bancaria para mover dinero.
• Te dicen que no preguntes el origen del dinero.
• Prometen dinero “seguro” por tareas simples.
• Urgencia o presión para actuar rápido.
• Te pagan por abrir una cuenta y ceder su control.

Aunque parezca un trabajo fácil, la responsabilidad legal y personal es muy alta.

Si abres una cuenta bancaria y entregas su control a otra persona (tarjeta, claves, banca digital), te expones a un delito grave, aunque no seas tú quien se beneficie.

Ceder tu cuenta no es un favor: es una práctica usada para estafas y blanqueo de dinero. Y quien responde ante el banco y la ley eres tú, porque la cuenta está a tu nombre.

La situación hidrológica en la cuenca del Guadiana continúa tensionada este 11 de febrero, con nivel de aviso rojo en varios de sus puntos de control de caudal.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) informa de que se ha superado el umbral de peligro en una decena de puntos del cauce, concretamente, en el cauce del Guadiana a su paso por Orellana la Vieja, Don Benito, Villagonzalo, Mérida y Badajoz. También al Cauce del Zújar a su paso por Campanario, del Ruecas en Logrosán y Don Benito, el Aljucén, La Rivera de Lácara en La Garrovilla y el Arroyo de Lorianilla en Pueblonuevo del Guadiana. 

Desembalses

Además, la CHG ha informado de que se están desembalsando 240 m³/s desde el Zújar como maniobra preventiva para evitar que las grandes aportaciones coincidan en un mismo tramo y momento del río.

Paralelamente, el embalse de La Serena está recibiendo una avenida de 1.000 m³/s, que por el momento está siendo retenida por su capacidad, garantizando la seguridad tanto de esta presa como de la del Zújar.

El alcalde de Entrerríos, Víctor Manuel Merino, ha explicado a Extremadura Noticias que el desembalse de la presa del Zújar "puede condicionar gravemente" a la localidad porque "van a multiplicar por cuatro el desembalse" y "hay que ver el efecto que tiene en el caudal que lleva el río Zújar". El alcalde espera "que el agua no sobrepase el puente porque esto podría alterar la normalidad de las comunicaciones de Entrerríos ya que su salida habitual quedaría cortada". Si eso ocurre, habría que buscar alternativas que podrían añadir entre 40 y 50 km más a la ruta habitual. 

En otros puntos de la provincia, se mantienen también aliviaderos y desagües abiertos en presas como Cíjara, García de Sola, Orellana, La Serena, Zújar, Proserpina, Villar del Rey, Los Canchales o Tentudía, con el objetivo de laminar las crecidas y minimizar efectos aguas abajo.

La CHG advierte que el nivel rojo implica riesgo de inundación en zonas habitadas y posibles cortes de vías, por lo que pide extremar la prudencia.

Extremar la precaución

En Don Benito, la Policía Local ha emitido un comunicado urgente solicitando la máxima precaución en accesos y circulación por las áreas próximas al Guadiana. El aviso subraya la necesidad de atender solo la información oficial del 112 y de la DGT, seguir las indicaciones de Protección Civil y Guardería Rural y avisar al 112 ante cualquier incidencia.

La situación también se deja notar en la capital pacense. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha informado de que el acceso al Rincón de Caya sigue cerrado debido al aumento del caudal. En Gévora y el río Zapatón también se registran subidas, aunque de momento sin consecuencias graves.

De nuevo mucha lluvia en #Badajoz.

El nivel del Guadiana, que sube de nuevo moderadamente, hace que no se pueda acceder aún a Rincón de Caya.

Subidas de nivel también en Gévora y Zapatón, sin mayores consecuencias.

— Ignacio Gragera 🇪🇦 (@BarreraGragera) February 11, 2026

(Foto: Azud del Guadiana en Badajoz. CHG)

La CHG mantiene la vigilancia permanente de los niveles y actualiza en tiempo real la información hidrológica a través del sistema SIRA Guadiana, además de coordinar sus actuaciones con el Plan INUNCAEX de la Junta de Extremadura y otras administraciones para garantizar la seguridad de la población.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento solicitará formalmente al Gobierno de España la declaración de Zona Catastrófica para la ciudad.

Esta petición se produce tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en los territorios damnificados por las sucesivas borrascas que han azotado la Península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, y que han provocado importantes daños materiales, económicos y sociales en numerosas regiones y localidades del país.

En este sentido, Rodríguez Osuna ha explicado que, “solo en la zona conocida como La Isla, la crecida del río Guadiana, como consecuencia de los desembalses, y la consiguiente inundación de toda la zona ajardinada ha arrasado por completo una obra que finalizamos a finales de año”. Una actuación que supuso una inversión cercana a los 400.000 euros, destinada a la renovación integral de caminos, pasarelas y mobiliario urbano.

A estos daños se suma la pérdida de aproximadamente 350 árboles en distintos puntos de la ciudad, así como “muchísimos desperfectos en la vía pública”, que requieren la retirada y tratamiento de los residuos generados, además de la restitución urgente del suelo afectado.

Por ello, ha avanzado que el Consistorio está elaborando un informe técnico de valoración de daños, que incluirá la retirada y restauración de los espacios afectados, con el objetivo de solicitar la declaración de Mérida como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y “sumarnos a la iniciativa del Gobierno que, además, reconoce a las entidades locales como afectadas por el paso de las sucesivas borrascas”, ha concluido.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer, vecinos de Santa Amalia (Badajoz), como presuntos autores de un delito contra la salud pública por el cultivo de cannabis sativa y otro de defraudación de fluido eléctrico, tras desmantelar varias plantaciones interiores de marihuana perfectamente acondicionadas.

La investigación comenzó hace meses, cuando agentes del EDOA y del equipo ROCA de Villanueva de la Serena detectaron que los dos sospechosos podrían estar cultivando marihuana en el interior de un inmueble situado muy cerca de su domicilio.

Este pasado lunes, y previa coordinación con la Sección Civil del Tribunal de Instancia e Instrucción de Don Benito, una veintena de agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Compañía y a la USECIC de Badajoz, llevaron a cabo el registro de dos viviendas. En una de ellas localizaron varias plantaciones “indoor” de cannabis sativa.

En total, los agentes hallaron 356 plantas de marihuana, dispuestas de forma organizada y con todo el material necesario para su cultivo: sistemas de iluminación, ventilación y acondicionamiento específicos. Las instalaciones estaban alimentadas mediante enganches ilegales a la red eléctrica, lo que permitía abastecer toda la maquinaria sin ser detectados.

Tras reunir las pruebas, los dos implicados fueron detenidos y se instruyeron las diligencias correspondientes por su presunta participación en el cultivo ilegal y la defraudación del suministro eléctrico. Ambos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial competente.

Esta operación se enmarca en el Plan de respuesta policial contra el cultivo y tráfico de cannabis, desarrollado a nivel nacional dentro de la Operación Miller, destinada a detectar y desarticular redes organizadas vinculadas a este tipo de delitos, frecuentemente relacionados con el blanqueo de capitales, la trata de seres humanos o actividades violentas.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) impulsará una moción municipal dirigida a los 388 ayuntamientos de Extremadura, con el fin de que sea presentada y votada en los plenos municipales por los grupos políticos que la quieran respaldar, incorporando medidas de compensación económica para los autónomos afectados por las obras de humanización urbana.

Las actuaciones de mejora del espacio público, aunque necesarias, tienen un impacto económico directo y demostrable sobre el pequeño comercio y los servicios de proximidad. Desde UPTA se constata que la disminución del tránsito peatonal puede traducirse en pérdidas de hasta el 30% de la facturación en los casos de afección intensa, especialmente cuando las obras dificultan el acceso o la visibilidad de los establecimientos.

Este impacto es especialmente grave si se tiene en cuenta que las obras de humanización urbana suelen durar una media de seis meses, periodo en el que los autónomos deben seguir pagando costes fijos como alquileres, suministros, impuestos y tasas municipales.

Según las estimaciones de UPTA, un pequeño negocio a pie de calle soporta una media de 1.500 euros anuales en impuestos y tasas municipales, como IBI, recogida de residuos comerciales, licencias, vados o tasas de ocupación pública. La combinación de una caída de ingresos y la imposibilidad de reducir gastos estructurales pone en riesgo la viabilidad de muchos negocios.

En este contexto, UPTA ha elaborado y remitido a los ayuntamientos un Plan de Compensación Municipal, que contempla bonificaciones mínimas del 50% en impuestos y tasas, la devolución de importes ya abonados y la aplicación inmediata de estas medidas tras la finalización de las obras, comparando objetivamente la facturación de los meses afectados con los mismos periodos de años anteriores. Estas bonificaciones permitirían compensaciones de entre 500 y 1.000 euros por establecimiento afectado.

Eduardo Abad, presidente de UPTA España, señala que “los ayuntamientos deben ser plenamente conscientes del impacto real que las obras de humanización urbana tienen sobre el tejido económico local” y añade que “esta compensación supone hacer política local útil, cercana y pensada para quienes mantienen vivos nuestros barrios”.