Central Nuclear de Almaraz
La eliminación de la ecotasa que grava a la central nuclear de Almaraz se ha convertido en una condición indispensable para Vox en la negociación de los próximos Presupuestos Generales de Extremadura para 2026. El partido lo ha incluido entre sus líneas rojas, junto a sus exigencias en materia migratoria y de reducción del gasto superfluo. Aunque tienden la mano al diálogo, aseguran que la Junta aún no se ha puesto en contacto con ellos y temen que esté negociando con el PSOE.
Por su parte, la Junta de Extremadura ha abierto la puerta a revisar, incluso eliminar, este impuesto autonómico si de ello depende la continuidad de la central. El tributo ha vuelto al centro del debate político, y desde el sector energético se aplaude la iniciativa. Algunos expertos, sin embargo, reclaman que, en caso de suprimirlo, se compense a la región por la gran cantidad de energía que exporta al resto del país.
La Comunidad Valenciana ya anunció hace meses su supresión, aunque su impacto era limitado: apenas recaudaba 14 millones de euros al año. En Cataluña, con dos centrales nucleares, la cifra asciende a 150 millones. Extremadura, por su lado, se sitúa en un punto intermedio, ingresando entre 80 y 90 millones anuales solo por Almaraz. Este impuesto representa uno de cada seis euros que la central paga en tributos y uno de cada cien del presupuesto autonómico. Además, es el único impuesto energético que se queda íntegramente en la región.
Desde el ámbito académico, se señala que cualquier modificación fiscal debería ir acompañada de medidas compensatorias que reconozcan el papel de Extremadura como exportadora energética. Mientras tanto, las empresas del sector nuclear también reclaman al Gobierno central un esfuerzo adicional. Aunque el Ministerio ha rechazado reducir la tasa sobre residuos nucleares, podría haber margen en otros tributos, como los que gravan la producción y almacenamiento de combustible.
El debate llega en un momento crítico: Almaraz debería estar ya encargando nuevo combustible para continuar su actividad o, en su defecto, iniciar los trámites para su cierre. La incertidumbre sobre su futuro es total, y las decisiones fiscales que se tomen en las próximas semanas podrían ser determinantes.
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