El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha visitado en Cáceres el proyecto de ‘Mantenimiento y Rehabilitación de Edificios’, una iniciativa formativa dirigida a personas desempleadas que busca responder a la creciente demanda del sector de la construcción.

Oportunidades laborales

El programa cuenta con la participación de 15 alumnos que reciben una formación integral de 630 horas. Durante este tiempo, se preparan en disciplinas como albañilería, fontanería, electricidad o trabajos en altura, además de adquirir conocimientos en prevención de riesgos laborales y orientación para el empleo.

Esta iniciativa forma parte del Programa Pasarela Empresa, una de las principales apuestas del Ejecutivo autonómico para mejorar la empleabilidad. Su objetivo es claro: adaptar la formación a las necesidades reales del tejido empresarial y facilitar la inserción laboral en sectores estratégicos como el de la construcción, especialmente en ámbitos como la rehabilitación y la eficiencia energética.

El modelo combina una primera fase teórica con una segunda etapa en la que los participantes trabajan en empresas mediante contratos de formación en alternancia. En este periodo, perciben un salario equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, lo que puede suponer un primer paso en el camino hacia el empleo estable.

Cada 30 de marzo se pone el foco en el trastorno bipolar, una condición de salud mental que afecta a millones de personas pero que sigue marcada por el desconocimiento, los prejuicios y la desinformación. A pesar de los avances en diagnóstico y tratamiento, quienes la padecen continúan enfrentándose no solo a la enfermedad, sino también al estigma social.

El trastorno bipolar es una enfermedad mental crónica y grave que se caracteriza por la alternancia de episodios de depresión con fases de manía o euforia. Estos cambios de estado de ánimo no son simples altibajos emocionales, sino episodios clínicos que pueden alterar profundamente la vida de quien los sufre. Suele aparecer en la adolescencia o al inicio de la edad adulta, aunque en muchos casos existen señales previas, en parte por su componente genético.

Identificarlo a tiempo

La detección precoz es clave. Un diagnóstico a tiempo permite iniciar tratamientos, tanto farmacológicos como terapéuticos, que ayudan a estabilizar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, uno de los principales problemas sigue siendo precisamente ese: identificarla a tiempo en un mundo en el que todavía persisten muchos mitos.

Factores como el estrés, la falta de sueño o el consumo de sustancias pueden actuar como detonantes. En este último caso, se estima que están presentes en entre el 40% y el 60% de los episodios. Además, el trastorno bipolar está asociado a un riesgo elevado de conductas autolesivas y suicidio, lo que subraya la importancia de un seguimiento médico adecuado.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 37 millones de personas conviven con esta enfermedad en todo el mundo. A lo largo de la historia, algunas figuras conocidas como Edvard Munch, Vincent van Gogh o Virginia Woolf han sido asociadas a este trastorno, lo que también ha contribuido a visibilizarlo, aunque no siempre a comprenderlo mejor.

El Gobierno, la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo han sellado este lunes un acuerdo clave para abordar la reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial. El protocolo, que permitirá empezar a presentar solicitudes a partir del 15 de abril, establece un sistema de evaluación individualizada sin fijar cuantías económicas concretas, aunque sí recoge criterios para determinar las compensaciones.

La firma, que se ha retrasado aproximadamente un mes respecto al calendario inicial pactado en enero, ha tenido lugar en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid. En el acto han participado el ministro Félix Bolaños, el Defensor Ángel Gabilondo y representantes de la Iglesia como Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y Jesús Díaz Sariego, presidente de CONFER.

Indemnizaciones

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es precisamente la ausencia de baremos cerrados para las indemnizaciones. En su lugar, se evaluará cada caso atendiendo a factores como la gravedad de los abusos, la edad de la víctima, la duración de los hechos o las secuelas. Según ha explicado Félix Bolaños, “la reparación justa no debe estar determinada por una cifra”, sino por un análisis detallado de cada situación.

El sistema se articulará en varias fases y con distintos actores. El Ministerio creará una unidad específica para tramitar las solicitudes, mientras que el Defensor del Pueblo contará con un equipo independiente que analizará cada caso y propondrá una resolución en un plazo de tres meses. Esa propuesta podrá incluir desde reparaciones simbólicas o espirituales hasta compensaciones económicas.

La última palabra, en caso de desacuerdo, recaerá en el Defensor del Pueblo, cuya decisión será vinculante para la Iglesia. No obstante, el procedimiento contempla varios intentos de consenso previos, incluyendo la intervención de una comisión mixta con representantes de todas las partes, incluidas las víctimas.

Reparación integral

Desde la Iglesia, el presidente de la Conferencia Episcopal ha defendido que el objetivo no es fijar cantidades sino avanzar hacia una “reparación integral”, reconociendo al mismo tiempo que en muchos casos esta nunca podrá ser completa. En una línea similar, desde CONFER se ha valorado el acuerdo como un paso necesario, aunque imperfecto, para aliviar el sufrimiento de las víctimas.

El Gobierno ha dado un paso más apostando por la industria de defensa con la firma de un acuerdo interministerial que busca ampliar su base empresarial y tecnológica. Las ministras Margarita Robles y Diana Morant, junto al ministro Jordi Hereu, han sellado un compromiso para integrar a pequeñas y medianas empresas, así como a ‘startups’, en la cadena de valor de un sector cada vez más estratégico.

El acuerdo, presentado en el Ministerio de Industria, no se limita a la vertiente industrial. También pone el foco en la formación y cualificación de trabajadores en áreas clave como la ingeniería, la ciberseguridad, la aeronáutica, las tecnologías digitales o los sistemas espaciales, en un intento de adaptar el mercado laboral a las nuevas necesidades del sector.

Uno de los pilares de esta iniciativa es el lanzamiento del ecosistema IN+DEF, concebido como una red de colaboración orientada especialmente a pymes. La idea, según ha defendido el ministro de Industria, es que las grandes empresas tractoras del sector actúen como motor para incorporar talento y facilitar la entrada de compañías más pequeñas en proyectos de gran escala.

Inversión en defensa

La iniciativa llega en un momento de cambio en el panorama internacional, marcado por la inestabilidad geopolítica y el aumento del gasto en defensa en toda Europa. En este escenario, la ministra de Defensa ha dejado claro que “la inversión en defensa ha venido para quedarse” y ha defendido la oportunidad de aprovechar este contexto para posicionar a España como un referente en el sector.

Por su parte, Diana Morant ha enmarcado el proyecto en una estrategia más amplia de impulso a la ciencia y la innovación.

La candidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha puesto el foco en el sector agrario como uno de los ejes clave de su proyecto político. Tras reunirse en Mérida con la organización agraria UPA-UCE, ha defendido la necesidad de “mejorar la coordinación” con quienes, a su juicio, “saben mejor que nadie lo que necesitan los agricultores y ganaderos” de la región.

Durante su intervención, la candidata socialista ha reivindicado los vínculos históricos entre el partido y organizaciones como UGT en el ámbito sindical o UPA-UCE en el agrario. “No se puede entender el PSOE de Extremadura sin esa prolongación en organizaciones hermanas”, ha señalado, apostando por reforzar esa relación para “dar respuestas reales” a los problemas del territorio.

Uno de los puntos en los que ambas partes coinciden es el diagnóstico sobre el futuro del campo. Vega ha resumido esa visión con una idea clara: “el campo necesita más familias y menos corporaciones”. En este sentido, ha destacado el papel de UPA-UCE en la defensa de las explotaciones familiares y de los pequeños productores, que constituyen la mayoría del sector pero cuentan con menor capacidad de presión.