El hombre de 31 años ha fallecido tras no superar las gravísimas heridas sufridas en la explosión registrada ayer lunes a primera hora de la mañana en un taller mecánico de Don Benito (Badajoz).

El suceso, cuyas causas continúan bajo investigación, provocó que la víctima sufriera quemaduras en el 90% de su cuerpo, lo que obligó a su ingreso urgente en la UCI del Hospital Don Benito‑Villanueva, donde permanecía en estado crítico.

Desde el Ayuntamiento han trasladado su pésame a familiares, amigos y allegados del joven.

Las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz han presentado ya toda la documentación requerida para iniciar de forma oficial la tramitación de la prórroga de funcionamiento hasta 2030. Con este paso, Iberdrola, Endesa y Naturgy culminan semanas de trabajo técnico y administrativo tras su decisión conjunta de solicitar la continuidad de la instalación.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) remitió al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la solicitud presentada por las empresas eléctricas para la renovación de la autorización. Tras recibirla, el CSN pidió información adicional a las compañías antes de continuar con el análisis.

Será el CSN quien emita el informe preceptivo, tanto para autorizar la continuidad de la central como para establecer las condiciones que deba cumplir en caso de prórroga. Este trámite resulta imprescindible para que el Gobierno pueda resolver la petición de renovación.

Según el reglamento vigente, el organismo regulador dispone formalmente hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe sobre la solicitud correspondiente a la central cacereña.

Las compañías recuerdan que Almaraz se encuentra en el nivel 1 de excelencia de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) y que cumple todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el CSN, vigente hasta 2030. La central mantiene además un sistema de control y auditorías externas y una inversión anual de 50 millones de euros destinada a modernización y mejora tecnológica.

El acuerdo definitivo entre las empresas se aceleró tras el anuncio de la rebaja progresiva de la ecotasa extremeña, una medida que permitió lograr la unanimidad necesaria en la comunidad de bienes que gestiona Almaraz. Con este cambio fiscal, las propietarias retomaron la vía común para solicitar la extensión de la vida útil, defendiendo que la prolongación garantiza seguridad de suministro, estabilidad del sistema y mayor autonomía energética.

La petición, no obstante, llega en un contexto de debate. Greenpeace advierte que mantener la central abierta hasta 2030 podría suponer un sobrecoste de más de 3.800 millones de euros para la factura eléctrica y una pérdida significativa de inversión en energías renovables.

Con la documentación ya entregada, el proceso queda ahora en manos del CSN y del MITECO, que deberán evaluar los informes técnicos y determinar si Almaraz puede continuar operando más allá del calendario de cierre inicialmente previsto para 2027–2028.

El Gobierno fija sus condiciones para estudiar la prórroga nuclear

El Gobierno ha dejado claras las condiciones marco que deben cumplir las eléctricas si quieren que se tramite una prórroga en la vida útil de las centrales:

• No habrá ventajas fiscales específicas para la energía nuclear.
• Cumplimiento estricto de los criterios de seguridad establecidos por el CSN.
• Garantía de seguridad de suministro eléctrico, conforme a los estándares del operador del sistema.
• Cero impacto económico para consumidores y contribuyentes, lo que significa que la extensión no podrá encarecer la factura ni requerir ayudas públicas.

La floración de los frutales comienza, como cada año, a teñir de color el campo extremeño. Del rosa intenso de los melocotoneros y las nectarinas al blanco rosado de los ciruelos, el paisaje ofrece su habitual estampa bucólica. Pero este año, basta con bajar la mirada hasta las raíces para comprobar que la realidad es muy distinta: enormes balsas de agua permanecen anegadas en las zonas próximas al Guadiana.

El presidente de Afruex, Natalio Caballero, advierte de la gravedad de la situación:
“Casi dos semanas completamente inundados hace peligrar no solo el fruto, también el árbol entero”, señala. Desde la asociación realizan ya un primer recuento de daños y, aunque insisten en que es pronto para calcular pérdidas exactas, reconocen que “en muchas de estas explotaciones perderán más de la mitad de la producción”.

En las Vegas Bajas del Guadiana, el almendro —que acaba de iniciar su floración esta misma semana— es otro de los cultivos afectados por las inundaciones. En una finca familiar cercana a Mérida, acompañamos a Javier Aguilar, agricultor, para comprobar el alcance del problema: la mitad de la parcela de almendros lleva 15 días bajo el agua.

Javier lo explica con preocupación: “Estamos hablando de más de 1.500 árboles que se nos morirán. Habrá que replantarlos y esperar tres años a que vuelvan a producir”, lamenta.
El momento no puede ser peor: “Lo que hace el agua es asfixiar el árbol e impedir que tiren las flores”, añade. Y mira al futuro inmediato con incertidumbre: “Esperemos que haya ayudas para que nos dé tiempo a que el árbol vuelva a crecer”.

A la espera de esa recuperación, el agricultor asume que este año la cosecha se resentirá de manera notable. Frente a los ha

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 hasta los 1.221 euros mensuales beneficiará a 1,66 millones de trabajadores, el equivalente al 9 por ciento del total de asalariados en España, según estimaciones de CCOO.

En concreto, el sindicato calcula que la subida del SMI beneficiará a 1,42 millones de personas que en 2025 trabajaron a jornada completa con salarios inferiores al nuevo SMI, el 9 por ciento de la población asalariada a tiempo completo en España.

Extrapolando este porcentaje a los trabajadores a tiempo parcial, otras 239.000 personas a tiempo parcial se beneficiarían de la subida, dejando el número total de potenciales beneficiarios en 1,66 millones de asalariados.

El sindicato precisa, no obstante, que ésta es una estimación "conservadora", ya que el salario medio por hora trabajada a jornada parcial es inferior al de jornada completa, por lo que "es razonable suponer que el porcentaje de trabajadores beneficiados por la subida del SMI fuera más alto" a jornada parcial que a jornada completa.

Para realizar estos cálculos, CCOO ha utilizado datos salariales de la Encuesta de Población Activa de 2024 y la media del coste salarial ordinario de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral de los tres trimestres de 2025 disponibles.

Según el sindicato, el SMI tiene una mayor incidencia sobre los colectivos con peores condiciones laborales, como mujeres, jóvenes, extranjeros, temporales, trabajadores de agricultura, hostelería o comercio, en ocupaciones elementales y que viven en comunidades como Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía.

Las mujeres se verán beneficiadas en mayor medida que los varones por la subida del SMI en 2026 dado que su presencia entre los salarios bajos es superior. Así, el 61 por ciento de las personas beneficiadas por la subida del SMI serán mujeres.

La incidencia del SMI entre las mujeres es casi el doble que entre los hombres. El 12,4% de las mujeres asalariadas se verán afectadas por la subida, frente al 6,3% de los hombres.

La mayoría de los perceptores del salario mínimo son mujeres mayores de 35 años, con contrato indefinido, que trabajan en el sector servicios en ocupaciones intermedias y que viven en Andalucía.

Según CCOO, casi dos de cada tres perceptores del SMI que se beneficiarán en 2026 tienen 35 o más años, y el 34% tiene menos de 35.

La mayor incidencia del SMI se da entre la población joven, que soporta salarios más bajos:

• 19,5% de los asalariados a jornada completa de hasta 24 años se verán beneficiados.
• 10,9% de los de 25 a 34 años también se beneficiarán.

A partir de los 35 años, la incidencia cae por debajo de la media.

En términos absolutos, el 80% de los beneficiarios tiene contrato indefinido, lo que demuestra la importancia del SMI para sostener las condiciones salariales de trabajadores con empleo estable.

El 20% cuenta con contrato temporal, un porcentaje por encima de la tasa de temporalidad general, reflejando la mayor incidencia del SMI en este colectivo.

La incidencia relativa es de:

• 12,9% entre asalariados temporales,
• 8,4% entre asalariados indefinidos.

Tres de cada cuatro perceptores del SMI tienen nacionalidad española o doble nacionalidad.
La incidencia entre personas solo con nacionalidad extranjera (15,2%) duplica la de quienes tienen nacionalidad española (8%), pero los principales beneficiarios siguen siendo españoles por volumen total.

COMERCIO Y HOSTELERÍA, LOS MÁS BENEFICIADOS

Por sectores, comercio y hostelería serán los más impactados, seguidos por sanidad, educación, administración pública, servicios financieros, servicios profesionales, otros servicios y agricultura.

Casi un tercio de los perceptores del SMI trabaja en hostelería o comercio.

La mayor incidencia relativa se observa en:

• Agricultura → 27% de asalariados beneficiados.
• Otros servicios → 25%.
• Comercio y hostelería → 13%.

CCAA CON MAYOR IMPACTO DEL SMI

El 59% de los beneficiarios se concentran en Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña, aunque las dos primeras superan la media de incidencia y las dos últimas están por debajo, especialmente Cataluña.

Las regiones con mayor incidencia del SMI son:

• Canarias: 18%
• Extremadura: 16,1%
• Murcia: 13,5%
• Andalucía: 13,2%

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes limitar de forma temporal, durante una semana, los precios de los servicios hoteleros en 14 municipios de Andalucía y Extremadura, entre ellos Burguillos del Cerro y Medellín, en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo, ha informado este martes el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Esta limitación, propuesta por el ministro Pablo Bustinduy, entrará en vigor mañana miércoles, 18 de febrero, y se extenderá hasta el próximo día 25, como medida preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo, todo ello con el objeto de evitar un posible incremento súbito de precios por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializan los alojamientos.

Los municipios afectados por esta limitación son los de Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera, en Cádiz; los de Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra, en Granada; los de Cazorla y Santisteban del Puerto, en Jaén; los de Benaoján y Ronda, en Málaga, y los de Burguillos del Cerro y Medellín, en Badajoz.

Con esta decisión, el Gobierno utiliza por primera vez el Real Decreto-ley aprobado la semana pasada que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para una limitación temporal de precios y garantizar así el acceso equitativo a bienes y servicios.

Así, gracias a esta nueva normativa, el Consejo de Ministros ha declarado una situación de emergencia para establecer una limitación de precios en los 14 municipios mencionados, que son aquellos en los que hay más de 10 personas desalojadas y en los que éstas representan al menos el 0,1% de la población del municipio, siendo estos los criterios establecidos.

Con la entrada en vigor de este acuerdo, los establecimientos hoteleros y de hospedaje en estos municipios no podrán incrementar su precio respecto al que tenían el mes previo al inicio de la emergencia.

Además, estarán obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son los precios de manera "transparente", habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

En el propio acuerdo aprobado este martes, el Consejo de Ministros ha hecho, además, un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que han colaborado en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.

El Concurso Nacional Drag Queen Tomás Bravo celebró anoche su 18.ª edición en Mérida, consolidándose como uno de los espectáculos más llamativos y esperados del Carnaval emeritense. En una carpa llena y con ganas de fiesta, las drag ofrecieron su repertorio sobre un escenario vibrante, en una gala presentada por Raúl Fuentes y Priscilla Osiris. En total, nueve artistas participaron en esta edición, llegados de distintos puntos del país.

El primer premio fue para Drag Omi, artista procedente de Sevilla y nacido en Cuba, que actuaba por primera vez como drag en Mérida.  Su actuación presentó un universo escénico que fusionaba lo celestial y lo infernal, un duelo simbólico entre Lucifer y los ángeles. Tras recibir el galardón, Omi dedicó el premio a su equipo con unas palabras que resonaron entre el público: “Las drag sin nuestro equipo no somos nadie”.

El podio lo completaron Drag La Protegida, que obtuvo el segundo puesto, y Los Turkish, que alcanzaron el tercer lugar con una actuación llena de ritmo, energía y creatividad.

El certamen, que cumple su mayoría de edad con esta edición, mantiene una de las dotaciones económicas más destacadas de este tipo de concursos en España:

• 2.000 euros para el primer premio,
• 1.500 euros para el segundo,
• 1.000 euros para el tercero.

Además, todos los participantes reciben una gratificación de 150 euros solo por formar parte del espectáculo.

La Diputación de Cáceres ha publicado las bases de una nueva convocatoria para contribuir a la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática y el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

A esta convocatoria, que cuenta con una partida de 60.000 euros, podrán acceder y presentar solicitud, hasta el próximo 9 de marzo, asociaciones, fundaciones y otras entidades privadas sin ánimo de lucro, así como universidades creadas conforme a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y a los organismos públicos de investigación, para llevar a cabo proyectos o iniciativas que pueden ser:

• Estudios e investigaciones relativas a la recuperación de la Memoria Democrática, así como al reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.
• Organización de cursos, jornadas, conferencias, exposiciones y demás eventos de tipo científico o divulgativo sobre la Memoria Democrática.
• Recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental escrito, oral, audiovisual (fotografías, carteles, grabaciones sonoras, películas…) o intelectual (manifestaciones artísticas, musicales, literarias…) de la Guerra Civil o de la dictadura.

Entre las novedades de esta convocatoria, destaca el aumento de la cuantía total, ya que se pasa de 40.000 euros de la convocatoria anterior a los 60.000 de la actual. Además, se podrán presentar dos solicitudes por entidad, siendo la ayuda prepagable.